Juez federal bloquea deportaciones masivas ordenadas por Trump
Trump invoca ley de 1798 para deportar pandilleros venezolanos
Noticias de Chihuahua
Un juez federal bloqueó este sábado la decisión del gobierno de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas bajo una antigua ley del siglo XVIII, la cual el presidente invocó para acelerar la expulsión de supuestos miembros de pandillas venezolanas desde Estados Unidos.
El juez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, emitió una orden inmediata para detener las deportaciones, argumentando que el gobierno ya estaba trasladando a migrantes designados como “deportables” bajo una proclamación presidencial. Estos migrantes estaban siendo enviados a El Salvador y Honduras para ser encarcelados.
“No creo que pueda esperar más y estoy obligado a actuar,” declaró Boasberg durante una audiencia el sábado por la noche. “Un breve retraso en su deportación no causa ningún daño al gobierno,” añadió, ordenando que cualquier avión en el aire fuera devuelto.
La ley invocada por Trump
Horas antes del fallo judicial, Donald Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que otorga al presidente amplios poderes para tomar medidas ejecutivas y acelerar deportaciones masivas. Trump alegó que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba “invadiendo” Estados Unidos, justificando así su decisión.
Sin embargo, esta ley, que data de hace más de 200 años, rara vez ha sido utilizada y su aplicación en este contexto generó controversia y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La respuesta de las organizaciones civiles
La orden judicial se produjo en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, organizaciones que argumentaron que el uso de esta ley era inconstitucional y abusivo.
“Esta es una victoria importante para los derechos de los migrantes y para el estado de derecho,” declaró un representante de la ACLU. “No se puede utilizar una ley obsoleta y poco clara para justificar acciones arbitrarias y dañinas”.
El acuerdo con El Salvador
Previamente, el gobierno de El Salvador había acordado recibir hasta 300 migrantes designados por la administración Trump como miembros de pandillas. Este acuerdo, anunciado esta semana, fue parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para acelerar las deportaciones bajo la proclamación presidencial.
Sin embargo, con la orden judicial, estos planes quedaron en pausa, al menos temporalmente. Los migrantes afectados permanecerán bajo custodia del gobierno estadounidense mientras se resuelve el litigio.
Implicaciones del fallo judicial
El fallo del juez Boasberg no solo detiene las deportaciones inmediatas, sino que también cuestiona la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto. Expertos legales han señalado que esta decisión podría sentar un precedente importante en la lucha por los derechos de los migrantes y contra el abuso de poder ejecutivo.
Mientras tanto, la administración Trump enfrenta un nuevo desafío en su política migratoria, que ha sido marcada por medidas controvertidas y enfrentamientos legales con organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.
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