Exfuncionaria de Chihuahua sancionada tras detectarse abusos en compras de equipo de cómputo y documentos apócrifos.

Inhabilitan a exdirectora de Comunicación Social por abuso de funciones

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El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó una inhabilitación de un año en contra de A.C.P.R.L.A., exdirectora administrativa de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2018, por irregularidades administrativas graves.

Irregularidades detectadas

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tras revisar la Cuenta Pública 2018, detectó que la exfuncionaria incurrió en irregularidades al instruir la compra de equipo de cómputo de alta gama por 352 mil 943.60 pesos y de una cámara fotográfica por 73 mil 269.21 pesos, sin apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

Para autorizar estas adquisiciones, se usaron “contratos simplificados” no contemplados en la legislación aplicable. Además, la exdirectora presentó un supuesto estudio de mercado con cotizaciones, una de las cuales resultó ser un documento apócrifo de una empresa inexistente, denominada TK Soluciones en Sistemas S.A. de C.V.

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Resolución del TEJA

El magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, dictaminó que las pruebas presentadas acreditaban una falta administrativa de abuso de funciones, como lo establece el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como resultado, el TEJA ordenó que A.C.P.R.L.A. sea inhabilitada por un año para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Implicaciones legales

La ASE presentó denuncias tanto por la vía administrativa como penal, destacando la gravedad de las irregularidades detectadas. La resolución fue emitida dentro del expediente 047/2024-1 JRA y notificada a la ASE, que fungió como parte denunciante.

Importancia de la fiscalización

Este caso refleja el compromiso de los órganos de control para garantizar el buen uso de los recursos públicos y sancionar prácticas que vulneren la transparencia y legalidad en el servicio público.

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