Abogada expresa preocupación por los efectos de la Ley Vicaria en Chihuahua, señalando posibles riesgos para los derechos de los menores en los procesos judiciales.

Debate sobre Ley Vicaria en Chihuahua: preocupación por menores

Armando Nevárez Acuña

Por medio de la presente, me permito dirigirme a usted(es) para expresar mi profunda preocupación ante la inminente discusión del dictamen sobre la llamada Ley Vicaria en el estado de Chihuahua. Si bien reconozco la imperiosa necesidad de proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, también me preocupa la creciente tendencia a criminalizar al varón, lo que pone en riesgo principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Además, me inquieta que la promoción de estas medidas legales, bajo el pretexto de protección, no esté considerando los efectos colaterales, que desafortunadamente han sido poco visibilizados.

Uno de los efectos más graves es el estado de indefensión en el que se coloca a los menores durante los procesos judiciales. Es bien sabido que, en la práctica, algunos abogados sin escrúpulos utilizan estos instrumentos para dilatar los procesos y, con ello, deteriorar el vínculo materno o paterno-filial. A nivel nacional, la custodia de menores se otorga mayoritariamente a las mujeres, por lo que, desde una lógica estadística, la violencia vicaria podría manifestarse también en sentido inverso al que se pretende regular.

Más preocupante aún es que, aunque la propuesta reconoce que se comete un daño emocional, físico y psicológico a los menores, se desvíe la protección hacia la ex pareja en lugar de enfocarse en lo más importante: la salvaguarda de los niños. Resulta alarmante que se admita la existencia de un delito que afecta directamente a los menores, pero que se privilegie a un sector diferente.

Es también de conocimiento general que el número de varones procesados por supuesta violencia doméstica ha aumentado significativamente, aunque la incidencia de estos delitos no ha disminuido. Esto nos lleva a plantear algunas preguntas cruciales:

  1. ¿Son estas leyes un mecanismo efectivo para inhibir conductas delictivas, o se están convirtiendo en instrumentos judiciales para ejercer violencia?
  2. ¿No sería más productivo legislar y reglamentar de manera que, atendiendo a los principios del sistema judicial actual, se promueva la resolución de conflictos privilegiando los sistemas de justicia alternativa, evitando así que litigantes desleales utilicen estos instrumentos para coartar esa posibilidad?
  3. ¿Realmente estamos protegiendo el interés superior de la niñez, uno de los principios rectores del derecho familiar, especialmente en los casos relacionados con la violencia doméstica?

Agradezco de antemano el tiempo que puedan tomarse para atender esta petición, que realizo no solo a título personal, sino como padre, familiar o amigo de otras personas, sin distinción de género, para suplicar por la protección de nuestros hijos y la armonía social. No permitamos que los conflictos entre adultos afecten el desarrollo de las nuevas generaciones. Debemos crear espacios de diálogo como personas maduras y demostrar que nuestra causa es justa, defendiendo a quienes realmente se encuentran desvalidos.

Confiando en su imparcialidad en este asunto, quedo a su disposición.

Atentamente,
Lic. Lina Yazmín Méndez Trejo.

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