Representantes de la Mesa de Seguridad de NCG durante la sesión del 26 de agosto de 2024, donde se acordó rechazar la reforma judicial.

Inconformidad en NCG contra reforma judicial que vulnera la democracia

Noticias de Chihuahua

En una sesión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2024, la Mesa de Seguridad y Justicia Regional de Nuevo Casas Grandes emitió un contundente punto de acuerdo en oposición a la propuesta de Reforma al Poder Judicial Federal. Este acuerdo, aprobado por mayoría, resalta diversas preocupaciones sobre las posibles repercusiones que dicha reforma podría tener en la división de poderes, la independencia judicial y el estado de derecho en México.

En primer lugar, la mesa de seguridad expresó su rechazo a la reforma, argumentando que no se ha dado la debida atención ni se ha consultado a los actores directamente involucrados en el sistema judicial, limitándose a considerar opiniones externas que podrían no reflejar las necesidades y preocupaciones reales del sector. Este punto es crítico, ya que la participación de los involucrados es esencial para cualquier cambio que afecte la administración de justicia.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la preocupación por la vulneración de la división de poderes. La reforma, tal como está planteada, podría concentrar el poder de decisión en una sola entidad o persona, lo que pone en riesgo los fundamentos democráticos del país al debilitar la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Además, se enfatiza que la independencia judicial se ve amenazada por esta reforma, ya que los cambios propuestos no garantizan la preservación del estado de derecho. Esto podría resultar en un impacto negativo en la confianza pública en el sistema judicial y en la percepción de justicia en México.

La mesa también advierte sobre las consecuencias económicas y sociales de la reforma, señalando que podría provocar una fuga de capitales y una disminución en las oportunidades laborales, lo que a su vez afectaría la capacidad del Estado para financiar programas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE y Bienestar, así como las diversas becas previstas en la Constitución.

Otro punto de preocupación es la posible perpetuación de la corrupción. Según el acuerdo, la reforma podría facilitar la entrada de funcionarios con perfiles políticos en lugar de académicos o profesionales con experiencia previa en el sistema judicial. Esto, sumado a los compromisos políticos preexistentes, crearía un ambiente propicio para la corrupción, comprometiendo la imparcialidad y efectividad en la administración de justicia.

Finalmente, se alerta que la accesibilidad a la justicia se volvería inalcanzable para la mayoría de la población, dado que los costos asociados aumentarían significativamente, lo que, combinado con un entorno corrupto, dificultaría el acceso equitativo a la justicia.

En conclusión, la Mesa de Seguridad y Justicia Regional de Nuevo Casas Grandes manifiesta su firme oposición a la Reforma Judicial en los términos actuales y exige que se escuchen las voces de todos los involucrados, solicitando una defensa efectiva de su postura por parte de los representantes populares, más allá de los intereses partidistas.

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