Inhabilitan a exfuncionarios del FANVI por adjudicación ilegal de contratos
Noticias de Chihuahua
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó con inhabilitación de un año a dos exfuncionarios públicos del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) por adjudicar ilegalmente tres contratos en 2018. La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció la irregularidad que involucró más de 3 millones de pesos destinados al programa.
Contratos irregulares y sobreprecio en lentes
Durante la revisión financiera de 2018, la ASE detectó que 3 millones 193 mil 479 pesos del FANVI se usaron indebidamente para adquirir servicios de exámenes de agudeza visual y lentes para hijos de policías caídos y otras víctimas del crimen organizado. Aunque el objetivo del programa era loable, las irregularidades en los procesos de adjudicación y los altos costos derivaron en la denuncia y sanción.
Evitaron licitación pública obligatoria
De acuerdo con la ASE, los exfuncionarios H.E.C.P. y B.R.P. evitaron la licitación pública requerida por la Ley de Adquisiciones de Chihuahua al fraccionar la operación en tres contratos de montos menores. Esto permitió adjudicar directamente los contratos a tres proveedores:
- Ricardo Humberto Márquez Jasso: $1,073,000
- GRUPO RULAND, S.A. DE C.V.: $1,057,919
- BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.: $1,062,560
Ninguno de los proveedores contaba con experiencia en optometría, lo que generó dudas sobre su capacidad para cumplir con los contratos. Además, la ASE determinó que el costo unitario de los lentes adquiridos alcanzó los 6 mil pesos, un precio inflado.
Sanción administrativa y posibles delitos
El TEJA concluyó que los sancionados abusaron de sus funciones al justificar indebidamente la excepción a la licitación pública y fraccionar los contratos. Ambos exfuncionarios, quienes desempeñaban roles clave en la Fiscalía General del Estado y el comité calificador del FANVI, están ahora inhabilitados para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales por un año.
La Cuarta Sala Unitaria del TEJA, presidida por el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, fue la encargada de emitir la resolución. No obstante, las investigaciones continúan en el ámbito penal bajo la Fiscalía Anticorrupción, lo que podría derivar en cargos adicionales.
Este caso ejemplifica los esfuerzos por combatir la corrupción en el uso de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables. Aunque las sanciones administrativas son un avance, el seguimiento penal será crucial para garantizar justicia plena.
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