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CEDH de Chihuahua señala condiciones indignas en cárceles municipales

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emite recomendaciones por condiciones inadecuadas en cárceles municipales, solicitando mejoras urgentes.

Cárceles municipales en Chihuahua reciben recomendaciones de CEDH

Noticias de Chihuahua

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió 11 recomendaciones dirigidas a las presidencias municipales de Satevó, Gran Morelos, Uruachi, Casas Grandes, Carichí, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Namiquipa, Batopilas, Morelos y Chínipas por violaciones a derechos humanos en las cárceles locales. Las irregularidades detectadas incluyen la falta de condiciones de estancia digna, protección de la salud, y deficiencias en la seguridad jurídica y la legalidad de los procedimientos.

Las investigaciones de la CEDH, realizadas a través de sus diferentes visitadurías, surgieron de quejas de oficio tras visitas de inspección a los centros de detención en estas localidades. Entre las principales carencias detectadas se encuentran la ausencia de sanitarios y agua potable, falta de protocolos de higiene y separación adecuada entre hombres, mujeres y adolescentes, y la inexistencia de juez o jueza cívica en varias instalaciones.

Además, los separos carecen de colchonetas, vigilancia continua, y climatización adecuada para mantener una temperatura confortable. Tampoco existe un sistema de control documental efectivo, y los detenidos no reciben alimentación ni atención médica cuando es necesario.

En respuesta, la CEDH recomienda que las autoridades asignen partidas presupuestales para corregir estas deficiencias, adecuando las instalaciones con sanitarios dignos, lavamanos, agua potable, aire acondicionado, calefacción y colchonetas. Asimismo, sugiere implementar un sistema de vigilancia permanente y asegurar la separación entre personas privadas de la libertad de diferentes grupos demográficos. También se solicita a los municipios que proporcionen pruebas del funcionamiento y operación de sus Consejos de Seguridad Pública y adopten medidas administrativas para evitar la repetición de estas violaciones.

Estas medidas buscan garantizar una estancia digna y segura para las personas privadas de su libertad, asegurando un trato humano y respeto a sus derechos en cada centro de detención.

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