Análisis de Sanciones por Corrupción: Auditoría Chihuahua y Transparencia Mexicana
Armando Nevárez Acuña
Transparencia Mexicana y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASECH) llevaron a cabo una reunión de trabajo enfocada en el análisis de las sanciones por corrupción, específicamente las responsabilidades administrativas graves, que surgen de las auditorías realizadas por los órganos de fiscalización superior.
En este encuentro, se examinaron las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia administrativa de todo el país, las cuales resultan de los informes de presunta responsabilidad administrativa elaborados por las entidades de fiscalización superior.
Las reformas anticorrupción de 2015 y 2016, promovidas por Transparencia Mexicana, otorgaron a los órganos de fiscalización superior nuevas facultades para detectar e investigar faltas administrativas graves. En la reunión, se evaluó el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua a raíz de estas nuevas facultades. En el caso de Chihuahua, la auditoría superior estatal está llevando a cabo cerca de 100 investigaciones, mientras que a nivel nacional, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación, existen más de 1900 investigaciones en curso.
Durante el encuentro, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, solicitó a Transparencia Mexicana información sobre la posición relativa de Chihuahua respecto a otras entidades federativas en cuanto al número de sanciones impuestas por casos de corrupción. También se requirió conocer el número de sanciones dictadas en cada entidad federativa y a nivel federal.
Acosta Félix destacó que este análisis permitirá mejorar el desempeño de la auditoría y contribuir al esfuerzo por reducir la impunidad en casos de corrupción. Los resultados de la valoración que realice Transparencia Mexicana proporcionarán elementos para medir la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en cuanto a las responsabilidades graves identificadas por los órganos de fiscalización superior.
Transparencia Mexicana se comprometió a llevar a cabo, en colaboración con la ASECH, una valoración de los resultados a nivel federal y por entidad federativa, comprometiéndose a hacer públicos los resultados de este análisis en junio, una vez concluido el proceso electoral de 2024.
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